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Exteriores; || Quienes después de haberse comunicado sus plenos poderes y habiéndolos encontrado en buena y debida forma, han convenido en las siguientes estipulaciones:

Artículo I. Se declara que la presente Convención tiene por objeto incorporar, en la forma de Tratado Público, las conclusiones á que han llegado los Excelentísimos señores Presidentes don Rafael Iglesias, General don Tomás Regalado, General don Terencio Sierra y General don José Santos Zelaya, en las varias conferencias que han celebrado en este puerto, con el único objeto de mantener y asegurar, por todos los medios posibles, la paz de Centro América.

Artículo II. Los Gobiernos contratantes establecen el principio del Arbitraje obligatorio para dirimir toda dificultad ó cuestión que pudiera presentarse entre las partes contratantes, comprometiéndose, en consecuencia, á someterlas á un Tribunal de Arbitros Centroamericano.

Artículo III.

Cada una de las partes contratantes nombrará un Arbitro proprietario y un suplente para constituir el Tribunal. || El cargo de los Arbitros durará un año, contado desde su aceptación, pudiendo éstos ser reelectos.

Artículo IV.

Los Arbitros de los Estados entre los cuales existiere el conflicto, no formarán parte del Tribunal para el conocimiento del caso concreto, quedando éste integrado con el Arbitro ó Arbitros de los demás Estados.

Artículo V.

Si por razón de empate no hubiere laudo, el Tribunal sorteará un tercero entre los respectivos suplentes. El tercero deberá necesariamente adherirse á uno de los pareceres emitidos.

Artículo VI. Tan pronto como se presente una dificultad ó cuestión entre dos ó más Estados, sus respectivos Gobiernos lo comunicarán á los demás signitarios de la presente Convención.

Artículo VII.

Se establece y reconoce por los Gobiernos contratantes la facultad de cada uno de ellos, de ofrecer sin demora, aislada ó conjuntamente, sus buenos oficios á los Gobiernos de los Estados que se encuentren en desacuerdo, aun sin previa acepteción de éstos, y aunque no se les hubiere notificado la dificultad ó cuestión pendiente.

Artículo VIII. Agotados los oficios amistosos sin resultado satisfactorio, el Gobierno ó Gobiernos que los hubieren ejercido, lo notificarán á los demás, declarando, al propio tiempo, procedente el arbitramento. Esta declaración se comunicará, á la mayor brevedad posible, al miembro del Tribunal á quien corresponda la Presidencia del mismo, á fin de que en un término que no exceda de quince días, reúna el Tribunal que debe conocer y resolver el conflicto. || La instalación del Tribunal se comunicará por telégrafo á los Gobiernos signatarios, requiriendo a las partes contendientes para que presenten sus alegatos en los quince días siguientes.

Artículo IX.

El Tribunal dictará su laudo dentro de los cinco días siguientes á la expiración del término de que se ha hablado.

Artículo X.

Las dificultades que puedan surgir por cuestiones de límites pendientes ó por interpretación ó ejecución de Tratados de límites, podrán ser sometidos por los Gobiernos interesados al canocimiento y resolución de un Arbitro extranjero, de nacionalidad americana.

Artículo XI.

Los Gobiernos de los Estados en disputa se comprometen solemnemente á no ejecutar acto alguno de hostilidades, aprestos bélicos ó movilización de fuerzas, á fin de no impedir el arreglo de la dificultad ó cuestión, por los medios establecidos en el presente convenio.

Artículo XII. La Presidencia del Tribunal Arbitral se ejercerá alternativamente por períodos anuales por cada uno de sus miembros, siguiéndose el orden alfabético de los Estados que representen; correspondiendo el ejercerla el primer año, al Arbitro costarricense, el segundo al de El Salvador, y así sucesivamente. || Cuando por el caso previsto en el artículo IV, el miembro que ejerce la Presidencia del Tribunal estuviere inhibido de conocer, la Presidencia accidental para el caso en cuestión, será ejercida por el Arhitro que fuere hábil, según el orden de precedencia establecido en el inciso anterior. || El Tribunal ejercerá sus funciones en la capital del Estado á que corresponde el Arbitro que debe presidirlo.

Artículo XIII.

El Tribunal arbitral dictará todas aquellas disposiciones de orden interior que considere necesarias para llenar cumplidamente la altísima misión que por este Tratado se le confiere.

Artículo XIV.

A fin de prevenir los abusos que pudieran comoterse en un Estado por emigrados políticos de otro contra la paz y tranquilidad públicas de éste, los Gobiernos contratantes se comprometen é retirar, de los lugares fronterizos, á aquellos emigrados, respecto de los cuales se hiciere la solicitud del caso por el Gobierno interesado.

Artículo XV.

Con el objeto de armonizar en lo posible las ideas y tendencias de los Gobiernos de los Estados signatarios, en todo cuanto se refiera á ‘mantener y estrechar los vínculos de fraternidad centroamericana y la buena inteligencia entre aquellos, y mientras que para tales fines no se establezcan Legaciones permanentes entre los Estados contratantes, se recomienda el nombramiento de Cónsules Generales de cada uno de ellos en los otros Estados, los cuales tendrán á la vez, el carácter de Agentes Confidenciales de sus respectivos Gobiernos.

Artículo XVI.

La presente Convención será sometida á la ratificación de los respectivos Congresos, á la mayor brevedad posible, y ratificada que sea por todos ellos, entrará en vigor treinta días después, sin necesidad del canje.

Artículo XVII. Para la instalación del Tribunal Arbitral, establecido por este Convenio, se señala el día quince de Setiembre del año en curso, aniversario de la Independencia de Centro América.

Artículo XVIII. En el deseo de que la presente Convención ligue á todos los Estados de la familia centroamericana, los Gobiernos signatarios invitarán conjuntamente, ó por separado, al Gobierno de la República de Guatemala, para que adhiera á sus estipulaciones, si fuere de su aprobación. || En fe

Staatsarchiv LXVIII.

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de lo cual, firmamos cuatro ejemplares, de igual tenor, en el puerto de Corinto, República de Nicaragua, á los veinte días del mes de Enero de mil novecientos dos.

(L. S.) Leonidas Pacheco.
(L. S.) Salvador Rodríguez.
(L. S.) César Bonilla.
(L. S.) Fernando Sánchez.

Nr. 12988. DEUTSCHES REICH. – Denkschrift über die Rekla

mationen Deutschlands gegen die Vereinigten Staaten von Venezuela. Dem Deutschen Reichstage vorgelegt.

Berlin, 8. Dezember 1902. Seit längerer Zeit hat die Regierung der Vereinigten Staaten von Venezuela der Kaiserlichen Regierung durch die Behandlung der deutschen Reklamationen zu ernsten Beschwerden Anlaß gegeben. Es handelt sich einmal um Forderungen der in Venezuela lebenden Deutschen aus den letzten venezolanischen Bürgerkriegen, und ferner um Ansprüche deutscher Unternehmer wegen Nichterfüllung der von der Venezolanisch en Regierung · vertragsmäßig übernommenen Verbindlichkeiten. || Durch die in den Jahren 1898 bis 1900 und sodann seit Ende vorigen Jahres in Venezuela geführten Bürgerkriege sind dort zahlreiche deutsche Kaufleute und Grundbesitzer schwer geschädigt worden, indem teils Zwangsanleihen von ihnen erpreßt, teils die bei ihnen vorgefundenen Kriegsbedürfnisse, insbesondere das zur Verpflegung der Truppen erforderliche Vieh ohne Bezahlung weggenommen, teils ihre Häuser und Ländereien geplündert oder verwüstet worden sind. Der Betrag dieser Schäden aus den Bürgerkriegen von 1898 bis 1900 beziffert sich auf rund 1 700 000 Bolivares (Franken), während aus dem neuesten Bürgerkriege bereits Schäden von rund 3 000 000 Bolivares angeneldet worden sind. Einzelne der Geschädigten haben fast ihre ganze Habe verloren und dadurch auch ihre in Deutschland lebenden Gläubiger in Mitleidenschaft gezogen. || Die Venezolanische Regierung zeigt sich offenbar nicht gewillt, ihren Verpflichtungen Ersatze dieser Schäden nachzukommen. Zur Regelung der von ihr bisher allein behandelten Reklamationen aus den Jahren 1898 bis 1900 hat sie folgendes Verfahren eingeschlagen. Nachdem sie zunächst eine sechsmonatliche Frist festgesetzt hatte, in der sie jede Erörterung der Entschädigungsansprüche ablehnte, hat sie unterm 24. Januar 1901 ein Dekret erlassen, wonach eine lediglich aus venezolanischen Beamten bestehende Kommission, bei der die Geschädigten ihre Forderungen innerhalb drei

zum

Monaten anzumelden hatten, über die Reklamationen entscheiden sollte. Die Bestimmungen dieses Dekrets erschienen in drei Punkten unannehmbar. Einmal sollten die aus der Zeit vor dem 23. Mai 1899, d. h. vor der Erhebung des gegenwärtigen Präsidenten der Republik Castro herrührenden Schadensersatzansprüche unberücksichtigt bleiben, während Venezuela selbstredend auch für die Handlungen seiner früheren Regierungen einzustehen hat. Sodann sollte gegen die Entscheidung der Kommission jeder diplomatische Einspruch ausgeschlossen, vielmehr nur die Berufung an den höchsten venezolanischen Gerichtshof zulässig sein, obwohl die richterlichen Beamten in Venezuela, wie einzelne Fälle gezeigt haben, von der Regierung tatsächlich abhängig und gelegentlich ohne weiteres aus ihrem Amte entfernt worden sind. Endlich sollten die von der Kommission als rechtmäßig anerkannten Reklamationen mit Scheinen einer neu zu schaffenden Revolutionsschuld bezahlt werden, die nach den bisherigen Erfahrungen nahezu wertlos sein würden. || In der Tat hat das auf Grund dieses Dekrets durchgeführte Verfahren zu einer irgendwie befriedigenden Erledigung der Reklamationen nicht geführt. Insbesondere sind die vereinzelten bei der Kommission angemeldeten deutschen Forderungen zum Teil ohne weiteres abgewiesen, zum Teil in offenbar willkürlicher Weise herabgesetzt worden; so ist einem deutschen Viehzüchter, dem rund 3800 Stück Rindvieh im Werte von über 600 000 Bolivares gewaltsam weggenommen waren, nur ein Betrag von 14000 Bolivares zuerkannt worden. Überdies sind die von der Kommission anerkannten Forderungen nicht etwa bar bezahlt, sondern die Geschädigten auf eine dem Kongresse später zu unterbreitende Finanzvorlage verwiesen worden. Nachdem mehrfache Versuche des Kaiserlichen Minister-Residenten in Carácas, die Regierung der Republik zu einer Änderung ihres Dekrets in den angegebenen drei Punkten zu veranlassen, gescheitert waren, hat ihr der Minister-Resident bestimmt erklärt, daß die Kaiserliche Regierung sich nunmehr genötigt sehe, dem Dekret überhaupt ihre Anerkennung zu versagen. Ähnliche Erklärungen sind auch von England, den Vereinigten Staaten von Amerika, Italien, Spanien und den Niederlanden abgegeben worden. Die Venezolanische Regierung hat sich diesen Erklärungen gegenüber auf den Standpunkt gestellt, daß sie nicht in der Lage sei, die Fremden anders als ihre eigenen Staatsangehörigen zu behandeln, sowie daß sie die Erledigung von Reklamationen der in Rede stehenden Art als eine inuere Angelegenheit ihres Landes betrachte, in die ohne Verletzung ihrer Souveränität von einer fremden Macht nicht eingegriffen werden könne. || Bei dieser Sachlage hat die Kaiserliche Regierung nicht umhin gekonnt, die deutschen Reklamationen selbst einer Prüfung zu

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